Hasta hace diez años, el Registro de la Propiedad estaba bajo el control de la Corte Suprema de Justicia y era un caos; a raíz de ello en el 2004 entra en vigencia el decreto 82-2004 que contiene la Ley de Propiedad. Esta normativa le da vida al Instituto de la Propiedad, que rápidamente cayó en la politización, en el desorden y en una alarmante corrupción en los trámites de legalización de la tierra, así como en su registro.
Entre los responsables se señalan a empleados, directores y hasta miembros del consejo directivo.
De siete direcciones que posee el IP, la administrativa, la de Catastro, la del Registro y la de Regularización Predial son las que están en el centro de la tormenta.
A partir de hoy, EL HERALDO revelará la descomposición en que ha caído este instituto, al cual se le dio como obligación garantizar la seguridad y conservación perpetua de las inscripciones que se realicen, diseñar y ejecutar un programa de regularización, titulación y registro de la propiedad inmueble que no se encuentre registrada o que presente problemas.
Casos
Diferentes denuncias conocidas por la Inspectoría General del IP y por el Ministerio Público evidencian la corrupción tanto en las direcciones de Catastro, de Registro y de Regularización Predial.
Uno de los casos que está en conocimiento del Ministerio Público es el de la inscripción en Roatán, Islas de la Bahía, de cinco títulos de propiedad en dominio pleno otorgados irregularmente en las oficinas del IP en esta capital.
Asimismo existe otra situación en La Ceiba, donde se titularon 105 lotes en un terreno de naturaleza privada-urbana. Los beneficiarios nunca tuvieron posesión de los predios en dominio útil. Este acto demuestra cómo en el IP se emiten títulos de dominio pleno sin sustento legal.
Estos dos hechos dejan al descubierto cómo en Catastro, en Regularización Predial y en el Registro se arreglan expedientes, se cambian hasta las claves o se utilizan las ya asignadas para extender e inscribir títulos de propiedad afectando la seguridad de los verdaderos dueños, que en todo caso son personas particulares, empresas, municipalidades o el Estado mismo.
Otra situación que muestra lo que está pasando en el IP es el registrado en el tomo 5236 asiento 32, donde el pago de un gravamen fue sustituido por una compraventa, aquí es evidente la falsificación de firmas, la destrucción de documentos para inscribir terrenos de forma ilegal utilizando los números de registros inscritos correctamente.
Otro acontecimiento es la pérdida de un poder inscrito bajo el asiento de presentación número 12258/1 que luego fue encontrado en la oficina de un notario, y el extravío de las presentaciones 706652 y 730781 que a la fecha del informe no habían sido encontradas a pesar de la exhaustiva búsqueda.
De igual forma, en los documentos de Inspectoría General se registra la denuncia número 029-2013 donde se señala a tres empleados de este instituto de asociarse con otras personas para registrar fraudulentamente la matrícula con el número 370633, apropiándose de esta manera de 250 manzanas ubicadas en el Villa la Concepción, Comayagüela.
Entre los casos que el Heraldo tuvo conocimiento también está la inscripción de un lote de 4,000 metros cuadrados en Roatán realizado el 27 de febrero del 2012; luego la persona que hizo la inscripción, el 6 de diciembre del mismo año aparece desmembrando el predio y donándole 367.66 metros cuadrados a un miembro del Consejo Directivo del IP y 698.98 metros cuadrados a un expresidente del Colegio de Abogados.
También existe una denuncia anónima de que el IP otorgó títulos a las personas que viven en los asentamientos humanos ubicados en los alrededores de la pista del aeropuerto Villeda Morales, en La Lima, aumentando el peligro tanto en la operatividad del aeropuerto como para la seguridad de las personas.
Otra denuncia también señala los negocios entre bufetes privados y cierto personal del IP en San Pedro Sula, que dejó como consecuencia la adulteración de los recibos de pagos de impuestos y las tasas registrales afectando de esta forma las recaudaciones del Instituto de la Propiedad.
Entre tantos casos también está la compra de un lote de computadoras portátiles para uso del personal del IP sin seguirse el proceso de compra establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Aunque el IP recibió el equipo, no cumplió con la obligación económica contraída y todo el equipo informático fue llevado a las bodegas de la institución, donde está en constante deterioro.
Consecuencias
Un análisis de la situación en el IP realizado por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac) de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI), establece que debido a tantas irregularidades, la dirección de Catastro no confía en la información proporcionada por el Programa de Administración de Tierras (PATH), por lo que se repiten los procesos de recolección de datos creando duplicidad en la información y doble inversión económica.
Por otro lado, esta unidad legal comprobó que en la dirección de Regulación Predial se registran expropiaciones sin los debidos estudios de la naturaleza de la tierra que se expropia; en ocasiones se han expropiado tierras que pertenecían al Estado, en otros casos tierras que son claramente privadas.
También conoció de casos donde se registran incongruencias entre el área del terreno expropiado y el área que realmente está siendo ocupada por los barrios o colonias que solicitan regularización.
Asimismo verificó la entrega de títulos de propiedad situadas en zonas consideradas de alto riesgo.
En la dirección de Registro la situación es igual de caótica y las denuncias van desde sustracción de documentos de los expedientes, dilatación maliciosa en el registro de documentos, duplicidad de tracto sucesivo y poca confiabilidad en el manejo de los documentos.
La corrupción en el IP no solo golpea actualmente la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, sino que también a mediano plazo impactará en las finanzas del Estado, cuando una decena de cuantiosas demandas sean declaradas con lugar por los tribunales de justicia.
En la parte administrativa también sobresalen los cobros excesivos de dietas realizadas por los miembros que conforman el Consejo Directivo.
Un minucioso registro que ha venido realizando la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detallan cómo se han venido haciendo piñata con los recursos del Instituto de la Propiedad.
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